Reforma Fiscal, año 2005 

 

Desde mediados del 2005, y dada la inminente aprobación del DR-CAFTA se inició en el país la búsqueda de alternativas para incrementar los ingresos fiscales para compensar al fisco por la pérdida de ingresos arancelarios que supondría la entrada en vigencia de este Acuerdo. Esta reforma contribuiría también al cumplimiento de las metas establecidas para el 2006 en el marco del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estipulaba el equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno.

 

Gobiernos y empresarios logran "entendimiento"

 A fin de buscar un consenso entre los diferentes sectores y sus respectivas propuestas de compensación tributaria, se integró una comisión ampliada que incluyó a representantes del gobierno, sector empresarial, sindical y social, así como a delegados del Congreso. A fin de que cada sector preparara sus respectivas posiciones a ser presentadas ante el CESI, fueron designados los técnicos delegados para cada sector. Por el sector gubernamental fueron designados Juan Hernández, Director de la DGII, Germania Montas y Roberto Rodríguez, funcionarios de esa institución. Por el sector empresarial fueron designados Magín Díaz, Roberto Despradel y Marjorie Espinosa; por el sector sindical, los técnicos nombrados fueron Luis Bernal, Maribel Batista y Asdrúbal Pérez, mientras que en representación del sector social participaron, en calidad de técnicos Rosa Cañete, Manuel Robles y Sergia Galván. Participaron en calidad de observadores el diputado Marino Collante, Iván Rodríguez, María del Carmen Jáquez, Víctor Rodríguez y José Alejandro Ayuso.

 A solicitud de los miembros de la Comisión Ampliada se estableció la modalidad de cuarto adjunto con los asesores de cada sector. Tanto los representantes sectoriales como los técnicos delegados participaron íntegramente en las nueve reuniones de trabajo celebradas como parte de este proceso, que se llevaron a cabo durante el período comprendido entre el 8 de julio al 3 de agosto.

Diversas instituciones pertenecientes al sector social, sector empresarial, de los renglones de bebidas alcohólicas y farmacéutico, agropecuario, importadores de vehículos, turismo, así como sector gubernamental y sindical presentaron por escrito sus propuestas y posiciones entre el 12 de julio y el 3 de agosto. Además, se hicieron dos solicitudes formales para ser escuchados por la comisión ampliada. La primera, realizada por Miguel Ceara y Rosa Cañete, fue formulada por consenso a raíz de la presentación de los requerimientos de gasto social, en representación del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, el Centro de Investigaciones y Estudios Aplicados del Caribe (CIECA) y la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ODH-PNUD). Posteriormente, los representantes de bebidas alcohólicas de ron solicitaron formular su posición en una presentación ante la Comisión Ampliada, donde se esperaría que también se hicieran escuchar los representantes del sector cervecero.

 Durante todas las reuniones, los técnicos de los sectores presentaron sus posiciones y estimaciones sobre los requerimientos de recursos y potenciales recaudaciones. El sector sindical y el sector social han coincidido en ciertos aspectos, algunos de los cuales encontraron simpatías entre el sector gubernamental.

 Después de nueve reuniones en el curso de cuatro semanas se llegó a un acuerdo con relación al monto de la pérdida fiscal, el monto de los requerimientos del sector empresarial, el monto de los requerimientos del sector sindical y social y las estimaciones sobre las potenciales recaudaciones.

 

 Por otro lado, se llegó a un acuerdo en relación a las figuras impositivas que serían modificadas, las que incluían el ITBIS, para lo cual se acordó ampliar la base, el Impuesto sobre las Viviendas Suntuarias y los Solares (IVSS), los selectivos al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos; impuesto sobre registro de propiedad de vehículos de motor y los impuestos sobre hidrocarburos. Sin embargo, cada uno de los sectores mantuvo posiciones disímiles en cuanto a la dirección y magnitud de las variaciones que se realizarían.

 Fuente: Memoria sobre la situación socioeconómica e institucional de la República Dominicana 2005 - 2006 (CESI)

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